ETNICIDAD Y CLASE SOCIAL EN LOS MAPUCHES

mapuche_mapBernardo Berdichewsky

Antropólogo, autor de “En torno a los origenes del hombre americano”.
profesor de la Universidad Simon Fraser. Columbia Britanica, Canada.

Introducción

El problema del campesinado indígena de Latinoamérica ha sido, fundamentalmente –desde el momento en que se instituyó el sistema de la hacienda– un problema de superexplotación económica y social, en cuanto fuerza de trabajo agrícola, la que ha permitido también producir la renta de la tierra para la clase terrateniente. Pero, en su caso, estuvo acompañado además por la discriminación racial, la que servía como máscara de la explotación social y económica y como uno de los elementos superestructurales, ideológicos, que permitían reproducir el sistema. Por eso no es suficiente para el análisis de la situación social del campesinado indígena tratar, exclusivamente, las variables socio-económicas y clasistas y dejar de lado los aspectos étnicos, los que, en realidad, están íntimamente relacionados con aquéllos.

En este trabajo nos interesa, en particular, no sólo ver la relación material, infraestructural, entre esas dos categorías sociales, clase social y grupo étnico; sino, sobre todo, su relación superestructural, ideológica, la que se manifiesta especialmente al surgir una conciencia social y su desarrollo ulterior en una doble conciencia étnica y clasista. Pasemos entonces brevemente a estudiar esta situación a través del caso histórico concreto de los indios Mapuches de Chile.

De una población total de más de nueve millones de habitantes en la República de Chile, los Mapuches (ahora con los Huilliches totalmente diluidos y asimilados con ellos) pasan del medio millón de personas, distribuidos principalmente en el extenso territorio que corre desde el Río Laja hacia el Sur hasta el Golfo de Reloncaví (desde los 37º hasta los 41º de Latitud Sur) y que incluye siete provincias sureñas de Chile, a saber: Arauco, Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue. La mayoría de los Mapuches están concentrados en las provincias de Cautín y Malleco y en la parte Norte de la de Valdivia. De las más de tres mil reducciones indígenas que existen en esas siete provincias, dos tercios se hayan en la de Cautín. En ella y en la vecina de Malleco, los Mapuches constituyen tres cuartos de la población rural. La población Mapuche urbana es menos de 50.000, o sea, ni siquiera la décima parte de su propia población total y se hayan ubicados en las grandes ciudades, como Santiago, Concepción y Temuco. En los comienzos de la Reforma Agraria, a principios de la década de 1960, la tierra ocupada por los Mapuches era 566.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad (343.000 hectáreas) estaban en la provincia de Cautín. Vivían concentrados básicamente en sus 3.040 reducciones, la mayoría de las cuales formalmente indivisas, pero cerca de una quinta parte, ya divididas. Sin embargo, también vivían como pequeños agricultores independientes, como inquilinos en los fundos y en predios medianos, o como peones y proletarios rurales y urbanos y aún incorporados en las áreas de reforma agraria como trabajadores de los Asentamientos. En el comienzo del Sistema de las Reducciones, a finales del pasado siglo, los Mapuche-Huilliches eran alrededor de 120.000 habitantes, mientras que en el momento de la conquista hispánica de Chile, a mediados del Siglo XVI, el pueblo Araucano (incluyendo sus tres grupos étnicos: Picunche, Mapuche y Huilliche) alcanzaba cerca del millón de habitantes. (Berdichewsky, 1977.)

La situación legal actual de los Mapuches

Recientemente se publicó el Decreto Ley Nº 2568 dictado por la Junta Militar de Gobierno en Chile, en marzo de 1979, el que suprime y modifica la Ley Indígena Nº 17729 existente en el país y termina también así con el Instituto de Desarrollo Indígena creado por dicha Ley. (v. IDI, 1972 y Decreto Ley.)

A pesar de las superficiales y leves modificaciones introducidas al mencionado Decreto Ley por uno reciente, Nº 2750, dictado el pasado mes de julio de 1979 –en gran parte, debido a la protesta de las propias comunidades Mapuches y de la Iglesia Católica– esta nueva legislación es atentatoria contra la propia existencia del Pueblo Mapuche. Ella suprime, definitivamente, la tenencia colectiva de la tierra de las comunidades indígenas establecida por los Títulos de Merced otorgados a nombre de las comunidades a partir de la Ley Indígena del año 1866, que estableciera legalmente el Sistema de las Reducciones Indígenas. El nuevo Decreto Ley permitirá entregar títulos de propiedad individual a los ocupantes “de tacto” de las parcelas de tierra dentro de las comunidades, incluyendo de hecho a muchos no-Mapuches y formalizando de nuevo el minifundio que pretendiera abolir la anterior Reforma Agraria. La antigua Ley Indígena exigía, por el contrario, agregar tierras de las Haciendas expropiadas por la Reforma Agraria a las comunidades y a sus parcelas.

Las tierras indígenas quedarán sometidas ahora, totalmente, a la ley de la oferta y la demanda y al libre juego del Mercado, prácticamente sin ninguna protección legal ante las manipulaciones de empresarios, nuevos terratenientes, especuladores, bancos y agencias de comercialización, todo lo cual permitirá el traspaso, de hecho y a corto plazo, de las tierras indígenas a manos no-indígenas, liquidando así la comunidad indígena y asestando un golpe mortal al Pueblo Mapuche y su cultura. En este sentido, los mencionados decretos leyes que modifican la Ley Indígena implican una acción de Etnocidio. (v. Congr. Americ.)

La última Ley Indígena Nº 17.729, aprobada en Chile en septiembre de 1972, definía al indígena de la siguiente manera: “Se tendrá por indígena, para todos los efectos legales, a la persona que se encuentre en alguno de los siguientes casos: 1) Que invoque un derecho que emane directa o inmediatamente de un título de Merced o título gratuito de dominio otorgado en conformidad a las leyes. 2) Que invoque un derecho declarado por sentencia dictada en juicio de división de una comunidad indígena con título conferido de acuerdo con las disposiciones legales. 3) Que habitando en cualquier lugar del territorio nacional forme parte de un grupo que se exprese habitualmente en un idioma aborigen y se distinga de la generalidad de los habitantes de la República por conservar sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo o religión, provenientes de los grupos étnicos autóctonos del país”. Se indica también que la calidad de indígena se acreditará con un certificado del Instituto de Desarrollo Indígena (IDI, 1972: 3).

Podemos resumir dicho párrafo diciendo que al elemento tierra (indicado en los puntos 1 y 2) que era el único que definía, hasta el momento, legalmente al indio en el proyecto original, se agregó por los legisladores un segundo elemento que es la cultura étnica autóctona (punto 3). Faltó, sin embargo, un tercer elemento, tanto o más importante que los anteriores y que sería el reconocimiento de la identidad étnica, el que no puede ser suplido sólo por un “certificado de identidad” otorgado por una instancia fiscal (punto 3, al final). Esta sólo puede refrendar el hecho, cuando existen los tres factores anteriores y fundamentalmente el deseo de pertenencia o de identidad, el cual no puede faltar. (Si no se reconoce este sentimiento de autodeterminación individual para considerarse o no indígena, la legislación lleva implícita una discriminación, tanto al definir compulsivamente a aquel que se haya asimilado, como por el contrario, al no reconocer su calidad de indígena al que se encuentra identificado como tal).

A pesar de las limitaciones que se pueden apreciar en dicha ley, ésta es siempre muy superior y mucho más positiva para los Mapuches que los recientes decretos que la modifican. Empezando por la propia modificación al Título I de la ley anterior que el nuevo Decreto hace: “De los indígenas, de las tierras indígenas, de la división de las Reservas y de la liquidación de las comunidades indígenas” (subrayado nuestro, B. B.), se nota claramente ya la intención de esta nueva legislación. Unos párrafos más adelante, al final del punto b) del Capítulo I, se agrega: “Las hijuelas, resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudicatarios” (subrayado por nosotros, B. B.). Por si esto fuera poco, se suprime también en este decreto el Instituto de Desarrollo Indígena, creado por la Ley anterior y una de cuyas funciones era justamente preocuparse por reforzar la identidad indígena. Que esta nueva legislación es atentatoria contra la existencia de las comunidades indígenas y contra la propia identidad indígena en Chile, parece no quedar duda alguna.

Para reafirmar esta conclusión se pueden citar algunos párrafos más del actual Decreto Ley, por ejemplo, aquél que se refiere a la división de las reservas. El párrafo 2, Art. 10 dice: “El procedimiento de la división de la reserva se iniciará por una solicitud del Abogado Defensor de Indígenas, formulada al Juez competente a requerimiento escrito de cualquiera de los ocupantes de ella” (subrayado nuestro, B. B.). En la legislación anterior se exigía la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los ocupantes. A continuación dice el nuevo Decreto en su Artículo 21: “Hechas las inscripciones se entenderán extinguidas por el solo ministerio de la ley los títulos primitivos que sirvieron de base a la división” (subrayado nuestro, B. B.). En el artículo 24, sigue: “las divisiones hechas de acuerdo con los preceptos de esta ley no podrán anularse ni rescindirse” (subrayado nuestro, B. B.) y al final del Artículo 25, dice: “Con autorización expresa del Director Regional correspondiente del Instituto de Desarrollo Agropecuario (1), podrán gravarse o hipotecarse las hijuelas a favor de cualquier organismo del Estado, de instituciones financieras, crediticias o bancarias”. Y en el Artículo 27 se agrega: “Terminada la división de la reserva el Juez de la causa declarará de oficio iniciado el procedimiento de la liquidación de la comunidad” (subrayado por nosotros, B. B.). Finalmente, en el Artículo 8º se dice: “El procedimiento de división de reservas y de liquidación de comunidades a que se refiere el presente Decreto Ley, podrá además ser aplicable en los casos de pequeños agricultores que se encuentren en las mismas circunstancias de hecho que las contempladas para los copropietarios de una reserva, comunidad u ocupantes según las definiciones a que se refiere este Decreto Ley, ubicados en sectores o dentro de una misma comuna en la que se encuentra una reserva o comunidad”.

El análisis del propio texto de esta nueva legislación indígena en Chile, deja ver claramente su aspecto reaccionario en lo que se refiere a la subsistencia del pueblo Araucano. Naturalmente, corresponde también analizarla, no sólo en su contenido legal, sino en su contexto social e histórico. Aunque nos referiremos más adelante a este aspecto, sin embargo deseamos señalarlo aquí también, aunque en forma muy breve.

El proceso de liquidación de la comunidad indígena en Chile, que ahora se expresa legalmente en esta nueva legislación (la que dicho sea de paso, se manifiesta sólo por decretos del Ejecutivo, puesto que el Parlamento legislativo ha sido abolido), debe colocarse también en el contexto de la contra-reforma agraria que allí se viene desarrollando. Este se inició ya al día siguiente del Golpe Militar de 1973 con los Decretos Ley que detuvieron las expropiaciones de tierra de la Corporación de Reforma Agraria y los que establecieron la devolución de aquellas tierras, aún no legalmente expropiadas, a sus anteriores dueños. Esto remató con el Decreto Ley Nº 2.247, dictado en 1978, que modificó la Ley Nº 16.640 de Reforma Agraria, pasada en julio de 1967 por el Parlamento chileno y finalmente, en 1979 con el decreto que liquida la propia Corporación de Reforma Agraria.

En este proceso de reprivatización de las tierras y de la agricultura, sancionado legalmente por esta nueva legislación agraria, debe entenderse también la pérdida de la tenencia comunitaria de las tierras indígenas a que están amenazados ahora los Mapuches, por las propias leyes del Estado.

En el sentido histórico debe mirarse también toda la legislación indígena –desde el origen mismo de la nación chilena independiente, a comienzos del siglo pasado– como expresión de las situaciones y conflictos sociales a que se vio expuesto y sometido el pueblo Araucano. Todo esto, en el contexto de la expansión del latifundio chileno desde la zona central del país a la zona sur, en la cual se ubica la región de la Araucanía. El crecimiento del latifundio, en parte a costa de las tierras indígenas, es un hecho histórico de sobra conocido y que se manifestó claramente en toda la legislación indígena del Estado chileno, en particular aquella que estableció el sistema de las Reducciones Indígenas, a partir de 1866. Sólo un siglo después, cuando los Mapuches empezaron a ser integrados en el campesinado chileno, participando e identificándose con sus luchas, ese proceso de pérdida de tierras y de discriminación social y étnica, empezó a ser revertido. Esto comenzó a materializarse con el proceso de Reforma Agraria de la década 1964-1973 que incorporó también a los campesinos indígenas y permitió, por primera vez en la historia de Chile, ampliar las tierras de las comunidades indígenas a costa ahora del latifundio expropiado. Estos logros positivos para el campesino indígena fueron expresados legalmente, tanto por la Ley 16.640 de Reforma Agraria, como, sobre todo, por la Ley Indígena 17.729, las cuales han sido ambas abolidas y modificadas por estos nuevos Decretos Ley, mencionados más arriba.

El destino de las comunidades indígenas en Chile está ahora, más que nunca, ligado a la práctica histórica y social y al propio destino de las masas campesinas chilenas y aunque su problema es doble, social y étnico, no podrá ser resuelto independientemente del problema social del campesinado chileno. Antes de entrar en este problema, pasemos primero del análisis legal anterior, al análisis social del grupo Mapuche.

Una definición social del Mapuche

Tratemos ahora de definir al indígena chileno, no tanto desde el punto de vista legal, sino más bien desde un punto de vista social. Aunque es posible todavía descubrir algunos caracteres biológicos ancestrales en los indígenas chilenos (especialmente entre los Aymará del norte), en líneas generales, los indígenas son mestizos. Esto es válido especialmente para los Mapuches. De aquí que las variables biológicas o raciales no son ya suficientes para definir a los indígenas en Chile. Referirse a una “raza araucana”, por ejemplo, es científicamente hablando, un completo error, salvo que se use sólo en sentido figurado o literario. Al tratar de definir al indígena se impone, por su propio peso, la necesidad de establecer qué clase de agregado social constituyen los indígenas en Chile, lo que facilitaría a su vez la comprensión de lo anterior.

Es obvio que una definición exclusivamente clasista de los grupos indígenas no es suficiente para caracterizarlos. A pesar de que la gran mayoría son o han sido integrantes del sector campesino, hay un porcentaje considerable, más del 10 por 100 que es urbano, los que pertenecen en su mayoría a la clase trabajadora y una minoría a la pequeña burguesía urbana, como ser, pequeños comerciantes y algunos profesionales, especialmente maestros de escuela.

Sabemos que el campesinado es un conglomerado heterogéneo y trasciende el marco de una sola clase social. Esto es válido también para los campesinos indígenas, entre los que se encuentra una mayoría de pequeños propietarios minifundistas, algunos otros pequeños y medianos propietarios agrícolas, un porcentaje, no despreciable, de inquilinos de hacienda y otro de peones y jornaleros agrícolas. Inclusive, en los últimos tiempos, había una cantidad de campesinos mapuches en el sector reformado del Agro, como ser en Asentamientos y Cooperativas (Berdichewsky, 1971).

El carácter mayoritario está dado, en todo caso, en el campesinado indígena por los miembros de reducciones y comunidades indígenas. Por tanto, la relación actual, reciente o ancestral, con la tierra juega todavía el papel dominante. Las reducciones divisas son, en general, minifundios formales y las indivisas –que constituyen todavía la mayoría– a pesar de mantener formalmente una tenencia comunal de sus tierras, de hecho están atomizadas también en minifundios familiares. En resumen, aunque la ligazón directa o indirecta con la comunidad agraria indígena –heredera de la antigua comunidad tribal colectiva– es dominante en la población indígena del país, ya no es única. Igualmente, a pesar de que la mayoría de los indígenas pertenece a diversos estratos y capas de las clases trabajadoras, no todos lo son, ni tampoco dicha mayoría puede considerarse uniforme desde el punto de vista clasista, por lo que difícilmente se podría hablar de “una clase indígena”.

Hemos indicado que, para los efectos legales, se ha considerado indígena en Chile (vgs. Mapuche o Araucano), en los últimos 100 años, a todos aquellos individuos y sus familias que, de alguna manera, han estado ligados a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas. Esto, fundamentalmente, a través de los títulos de merced o equivalentes, otorgados a raíz de la ley de 1866 que implantó el sistema de las reducciones indígenas. Sin embargo, desde el punto de vista social y como se desprende de lo dicho más arriba, esta definición no es suficiente (Jara, 1956; Cantoni, 1969).

Creemos que la definición del indio debe involucrar, además del aspecto legal o material existente, también y fundamentalmente, el carácter étnico (es decir, la pertenencia del o de los individuos a un grupo étnico determinado, un grupo indígena en este caso), conjuntamente con considerar su ubicación en la estratificación social, clasista, del país.

Lo que define, esencialmente, a un grupo étnico no es tanto su característica racial, sino, básicamente, su aspecto e idiosincrasia social y cultural. O sea, un grupo social definido y con sus creaciones materiales y espirituales, costumbres y normas de comportamiento, idioma propio, sistemas de creencias, valores, etc. En este sentido debemos considerar indígena, a toda persona que ha sido endoculturada o socializada, en mayor o menor grado, dentro de las pautas culturales de su grupo étnico indígena, especialmente a través del idioma. Este proceso positivo de endoculturación, sumado a otros procesos, a veces negativos, como la discriminación o los conflictos . raciales, etc., producen en el individuo un sentido de identificación con su grupo étnico.

Es importante hacer notar aquí que los grupos o comunidades étnicas son grupos sociales que existen y han existido en todos los tipos de formaciones económico-sociales conocidas hasta ahora, cualquiera sea su modo de producción dominante. Esto es válido tanto para aquellos modos de sociedades de la comunidad primitiva o de sociedades clasistas –tanto del esclavista, asiático, feudal, capitalista o socialista.

Consideramos que la denominación correcta para los agregados sociales constituidos por los indígenas debe ser la de Comunidad étnica, tipificada por características más o menos comunes de orden cultural (incluido idioma), psicológico (incluido el sentimiento de identidad) y también socio-económico (trabajadores, comunidad agraria de subsistencia, minifundios, clases explotadas). En mucho menor escala y en carácter totalmente secundario pueden darse otros factores, como los biológicos por ejemplo.

La estructura étnica y el carácter de la etnicidad surgen y son determinadas por una base material económico-social tipificada, en primer lugar por el o los estratos que ocupa la comunidad étnica, dentro de la estratificación socio-económica de la nación. Como expresión de dicha base material y en sus intentos de supervivencia, acomodación y adaptación, surge sobre ella una superestructura social e institucional, cultural e ideológica, de las que se desprenden, a su vez, los símbolos étnicos y todo lo que hace posible el desarrollo de la identidad étnica. Esta última, ubicada en la cúspide superestructural, surgida y determinada en base a las estructuras anteriores, se convierte a su vez, refleja y dialécticamente, en un factor dominante y diagnóstico de la etnicidad; aunque, en última instancia, determinado por la base material que generó dicha comunidad étnica.

La comunidad étnica desarrolla una serie de mecanismos de interrelación con la sociedad mayor, ya sea en un sentido de integración o diferenciación con ella y que no dependen sólo de la propia comunidad étnica; sino, fundamentalmente, del carácter de la sociedad mayor. Dichos mecanismos tienden a asegurar su subsistencia, defensa o adaptación y pueden ser de tipo material, institucional o ideológico y son los que preservan de alguna manera los límites y fronteras étnicas.

En resumen, deberíamos de considerar indígena a todo aquel que posee, incorporada en su personalidad, la cultura de su grupo étnico, se siente identificado con éste y comparte con él, también, ciertas características económicas y sociales.

Una base material (expresada en estructuras económicas y de la organización social) la cultura étnica y la identidad étnica son, entonces, los elementos claves. A ellos pueden sumarse otros de carácter jurídico-legales, bio-psicológicos, etc. Pero si no existen aquéllos, éstos tampoco tienen sentido.

Aquella persona que viva en su comunidad y comparta de alguna manera esa tenencia de tierra indígena o por el contrario viva fuera de ella, no sólo en las áreas rurales, sino incluso urbanas, pero que posea el idioma mapuche (en mayor o menor grado), que pertenezca a estructuras sociales propias (como ser, grupos de parentesco indígenas, estratos sociales explotados) y que comparta algunas costumbres, valores, creencias, etc., y sobre todo, aquéllos que se sientan identificados con su pueblo Mapuche, deben ser considerados como tales. Coparticipación en esos aspectos puede darse en los distintos grupos o individuos en mayor o menor escala; igualmente, la endoculturación y la identificación pueden ser más intensa o menos intensa, pero lo importante es que existan en algún grado. Todo esto no es un estado dado de una vez, absoluto y definitivo, sino, por el contrario, corresponde a un proceso dinámico que puede intensificar la identificación, o en su defecto, tiende a negarla, empujándola hacia la asimilación. Ambas tendencias se dan y con diverso grado y fuerza, de acuerdo a condiciones históricas concretas. Pero, independientemente de los individuos que puedan separarse de su comunidad étnica, asimilándose, ésta continúa existiendo como una realidad social.

En conclusión, podemos afirmar que el problema indígena es un problema social y no racial o biológico. Y aún más, el prejuicio y discriminación racial existente contra los indígenas, no es más que una forma de discriminación social, producto de la propia explotación económica directa o indirecta a que siempre han estado sometidos los indígenas en Chile y en Latinoamérica. El problema social indígena reviste entonces dos aspectos: uno clasista –común a las clases trabajadoras y explotadas– que podrá solucionarse con la liberación de los trabajadores del campo y la ciudad, y otro de carácter étnico que podrá solucionarse con la liberación de las comunidades étnicas más oprimidas, como son las propias comunidades indígenas. Estas han sido de hecho, en muchas circunstancias históricas, consideradas y tratadas como verdaderas castas de parias, desamparadas. Indudablemente la liberación de la comunidad étnica oprimida de una sociedad clasista como la chilena, es inseparable, a su vez, de la liberación social y económica de las clases trabajadoras explotadas.

Las comunidades étnicas indígenas de Chile (por lo menos las Mapuche y Aymará), constituyen, en cierta manera, minorías nacionales dentro de la nación chilena. Y si nos referimos a la cultura nacional como la cultura global de la sociedad de ese país (con todas las variaciones y diferencias que una unidad tan amplia implica), podemos considerar a las expresiones culturales de las comunidades indígenas como sub-culturas de ella, no en un sentido peyorativo, sino en cuanto son un sector específico de la mencionada cultura nacional (Bunster, 1964; Saavedra, 1971).

El grupo principal de los Mapuches está constituido, como dijimos, por minifundistas que viven principalmente en reducciones y que pertenecen a los estratos campesinos explotados. Paralelamente se les define como una comunidad étnica indígena, la que evolucionó desde una sociedad tribal hasta convertirse en un pueblo, el que está llegando a ser más y más una minoría nacional dentro de la nación chilena (Lipschutz, 1968 y 1979).

El pueblo Mapuche, como comunidad étnica, al ser incorporado compulsivamente a la sociedad chilena, cambió no sólo social y económicamente, sino también culturalmente al convertirse en sub-cultura de la sociedad global. La cultura tradicional mapuche se modificó tanto en su forma como en su contenido; pero, sobre todo, cambió su función al aparecer también como una cultura de resistencia, o sea, en cuanto actuaba como un mecanismo de defensa ante la discriminación. Como toda cultura, ella cumple también una función social de preservar el grupo, pero además juega un rol de rechazo de la discriminación racial y de reforzamiento de la cohesión y la identidad, tomando en este caso un carácter de ideología (Berdichewsky, 1979).

Dicho cambio de función trae aparejado, por otro lado, el peligro de perpetuar las formas de economía de subsistencia y de atraso socio-económico, los que representan, a su vez, formas de explotación clasista. Igualmente, podría servir de obstáculo a la formación de una conciencia de clases entre los Mapuches si exacerbara un nacionalismo étnico pequeño burgués.

La manera positiva de enfocar el problema sería que el Estado ofreciera las vías para superar la economía de subsistencia y el atraso que ello trae aparejado, a través de su incorporación, por ejemplo, a la Reforma Agraria. Permitiendo así el acceso a la economía de mercado, otorgando los mecanismos de comercialización, preparación técnica, materias primas para artesanía, escuelas técnicas y artesanales, etc. La escuela mapuche debería jugar un papel importante; como, igualmente, se tendría que preservar la cultura espiritual del pueblo Mapuche reivindicando su historia, su literatura oral y transformándola en escrita, desarrollando sus formas de expresión artísticas y otras manifestaciones. En este sentido la educación debe tener un rol importante, especialmente al promover el bilingüismo escolar (Hernández, 1972).

Pero ésas son, justamente, algunas de sus aspiraciones y no realidades todavía; por lo que la organización y la lucha de los Mapuches por conseguirlas, como también el cerrar filas para una resistencia permanente ante toda clase de agresiones y atropellos, han ido desarrollando en ellos no sólo una identidad pasiva, sino también una identidad militante y hasta agresiva. Al surgir este tipo de identidad, como ha sido el caso, podemos hablar ya de una verdadera conciencia étnica (Berdichewsky, 1978).

Integración de la comunidad Mapuche en el campesinado chileno

Con referencia a la etnogénesis de la comunidad mapuche debemos remontarnos en el tiempo hasta comienzos del actual milenio cuando se desarrollan en la región centro-sur de Chile las comunidades agrícolas tribales. Durante el siglo XV, a raíz de la conquista incaica y, sobre todo, durante el siglo XVI, con la conquista hispánica de gran parte de la región, los tres grupos étnicos principales de dicha área, ya de por sí muy emparentados, terminan por estructurarse en un pueblo. Se trata, desde norte a sur, de los Picunche, Mapuche y Huilliche, los que, conservando ciertas diferencias, se identifican en un solo pueblo que será conocido, desde entonces, en la literatura, como el Pueblo Araucano. El más septentrional de estos grupos, el Picunche, que fuera el único de los tres militarmente conquistado, primero por los incas y enseguida por los españoles; después de varios levantamientos, durante el siglo XVI, fue por último totalmente dominado y subyugado durante el siglo XVII. Se mezcló con la población rural española, sirviendo de base principal para el surgimiento y desarrollo del campesinado chileno que creció y se multiplicó en el “Reyno de Chile”. A fines del período colonial, en los comienzos del siglo XIX, la etnia Picunche había desaparecido totalmente, diluida en el nuevo y mestizo campesinado chileno. Este constituía la base laboral del sistema agrario de la Hacienda, de raigambre ya mucho más hispánica que indígena y totalmente monolingüe en el idioma español (Berdichewsky, 1975).

Los Mapuches y Huilliches, por el contrario, lograron mantener su independencia en la región del sur, gracias a la prolongada guerra de guerrillas que mantuvieron por casi 400 años –primero contra los Incas, después contra los españoles y por último contra los propios chilenos– conocida como la famosa Guerra de Arauco. En las prolongadas vicisitudes de este casi permanente estado bélico (si no siempre de “guerra caliente”, por lo menos de “guerra fría”) no sólo se reintegraron entre sí bajo la hegemonía de los Mapuches, sino que además se expandieron hacia el oriente, hacia la cordillera y aún más allá hasta la pampa argentina. Como producto de esta expansión geográfica se integraron al pueblo araucano, transculturándose, otros grupos étnicos, en especial los Picunche cordilleranos y parte de los Puelche pampeanos.

A finales del siglo pasado, en las décadas de 1870 y 1880 cuando el pueblo araucano fuera por fin vencido y conquistado militarmente, en la región sur, a ambos lados de la cordillera y casi simultáneamente, por dos modernos ejércitos bien equipados y con fusiles de repetición –los de los gobiernos argentino y chileno, respectivamente– el pueblo araucano quedó dividido en dos grupos. Ambos fueron incorporados, compulsivamente, a sus sociedades mayores. Así tenemos en la actualidad y cien años después, dos grupos étnicos relativamente diferentes del pueblo araucano, denominados, respectivamente, los Araucanos argentinos y los Mapuches chilenos.

La comunidad Mapuche fue integrada al sistema agrario chileno al ser concentrada, en forma compulsiva, en las llamadas reducciones indígenas. Esta medida permitió dejar libre gran parte y las mejores tierras agrícolas, las que fueron entregadas al latifundio, el que se expandía rápida y agresivamente hacia la región sur del país. A comienzos del siglo XX, el sistema de haciendas, llamadas en Chile “fundos” se había implantado, prácticamente en toda la zona araucana chilena, logrando incorporar en el sistema, de una manera u otra, a las reducciones indígenas establecidas algunas décadas atrás. Antes de mediados del actual siglo el sistema había cristalizado totalmente.

El latifundio se expandió en esa área, en gran medida a costa de las propias tierras de las reducciones, ya sea por apropiación directa, utilizando la fuerza y triquiñuelas legalistas o por compras, tanto legales como fraudulentas. En esta forma las reducciones perdieron muchas tierras, al mismo tiempo que atravesaban un proceso de crecimiento demográfico, lo que redujo la relación hombre-tierra a un mínimo muy bajo de sólo un par de hectáreas. Esto produjo una situación de desempleo potencial en las reducciones, desencadenando un proceso de emigración parcial o total. La mayor parte de esos emigrantes de las reducciones terminaron como fuerza laboral de los fundos, ya sea como inquilinos dentro de ellos, bajo relaciones semi serviles, o como medieros, trabajando “en medias” sus tierras o pastando sus animales y repartiendo “en medias” las nuevas crías. Muchos terminaron como simples peones semi asalariados de las haciendas.

Toda esta situación condujo, cada vez más, a convertir y transformar a las reducciones indígenas en verdaderos minifundios. Aunque su sistema de tenencia de tierra seguía siendo comunal, la producción se convirtió casi totalmente en una de carácter familiar, la que fue reduciendo cada vez más las hectáreas disponibles. O sea, legalmente la reducción indígena poseía la tierra en forma comunal, pero, en la práctica, funcionaba como minifundio. A esto hay que agregar que muchas reducciones fueron empujadas, también, a la división legal de sus tierras, con lo que en ellas, a la larga, el minifundio se estableció no sólo de hecho, sino que también de derecho.

En resumen, podemos afirmar que después de la conquista y dominio militar sobre los Mapuches y establecido el Sistema de las Reducciones, el latifundio que se expandió aún más –a costa de la usurpación de tierras pertenecientes a las reducciones– logró también convertir a éstas en verdaderos minifundios, que llegaron a ser la contrapartida necesaria del latifundio. Con esto, el sistema de la hacienda consiguió convertir al pauperizado minifundista indígena en un ejército potencial de reserva, como una mano de obra barata y super explotada, sumándolo a la fuerza de trabajo tradicional del campesino chileno mestizo que existía, tanto como inquilino o peón, dentro de la hacienda o como medieros establecidos legalmente en minifundios. Así pues, fue el sistema de la hacienda latifundista el que logró incorporar, de hecho, a los mapuches de las reducciones indígenas en los diversos estratos del campesinado chileno (Berdichewsky, 1977a).

Desarrollo de una conciencia social

Hemos indicado, claramente, en los capítulos anteriores, cómo y por qué la gran masa de los Mapuches son, a la vez, parte integral del campesinado chileno y al mismo tiempo constituyen una comunidad étnica diferenciada. Igualmente y en sus dos categorías sociales, como campesinos y como indígenas, son parte constitutiva de la estructura agraria chilena de la región centro-sur de Chile, basada en la hacienda latifundista.

Tanto los campesinos mestizos tradicionales, como los campesinos indígenas (y estos últimos más aún) han venido, esporádicamente, rebelándose en una u otra forma contra los terratenientes de los “fundos”. Pero estas rebeliones y protestas fueron atomizadas y aisladas, nunca coordinadas, terminando siempre en fracasos y en mayor subyugación aún.

Un movimiento campesino propiamente tal comienza recién a organizarse, aunque todavía en un nivel elemental y muy reducido, a fines de la década del 1920 cuando se pasa la primera ley de sindicalización campesina. Justamente, por esa época y sobre todo en las décadas de 1930 y de 1940 se desarrolla una relativa industrialización del país, pero en la que las industrias básicas siguen siendo las extractivas, del cobre, salitre y hierro, las que aportan al ingreso de Chile más del 70 por 100 del Producto Nacional Bruto (PNB). En cambio, la agricultura, a finales de la década de 1960, aportaba apenas con el 8 por 100 del PNB, a pesar de que de la actividad agrícola vivía el 27 por 100 de la población (Baytelman, 1971, 7). Sin embargo, aunque no sea Chile uno de los países más típicamente agrarios de Latinoamérica, cerca de un tercio de la población activa se haya ocupada en esa rama, con lo que está dentro de los moldes de los países sub-desarrollados del continente. Pero, sobre todo, es la estructura agraria, la que con mayor o menor intensidad seguía los mismos patrones de la gran mayoría de los países latinoamericanos, en que el sistema de la Hacienda predominaba. Los estudios realizados por CIDA (1966) a comienzos de la década de 1960 demuestran que más del 80 por 100 de la tierra agrícola estaba concentrada en manos de apenas un 3 por 100 de la población agrícola activa, los latifundistas, los que poseían menos del 7 por 100 del total de las unidades agrícolas. En cambio, los minifundistas, concentraban apenas un miserable 0,2 por 100 del total de las tierras agrícolas, poseyendo casi 37 por 100 del total de unidades agrícolas y constituyendo más del 23 por 100 de la población activa del agro (2). Si a ellos agregamos a los trabajadores agrícolas asalariados, que constituían más del 47 por 100 de la población activa del agro y que no poseían tierra, perteneciendo la mayoría de ellos a las mismas familias de los minifundistas, alcanzarían esos dos estratos más pobres del campesinado a constituir más del 70 por 100 de la población agrícola activa. A esos dos sectores del campesinado chileno debemos agregar el sector de los pequeños propietarios agrícolas que poseen pequeñas unidades agrarias –un poco mayores que los minifundios– las que, a diferencia de aquéllos, permiten alimentar a la familia del campesino. Este sector de unidades familiares, alcanza al 40 por 100 de todas las unidades agrícolas, pero ocupa sólo poco más del 7 por 100 de la tierra agrícola constituyendo el 15 por 100 de la población activa agraria y al que se puede agregar un 3 por 100 más que trabajan y viven con ellos, como una especie de inquilinos o medieros. Esto aumentaría la población campesina total, en sus tres estratos fundamentales (pequeños propietarios, minifundistas y peones agrícolas), a una proporción del 88 por 100 de la población agrícola activa y que no poseerían, en su conjunto, ni siquiera un 8 por 100 del total de las tierras agrícolas. El resto de la población agrícola activa de cerca de un 9 por 100 estaría constituida, en más de dos tercios de ella, por la burguesía rural o propietarios de granjas (farms) que poseían más del 11 por 100 de las tierras agrícolas con un total de más del 16 por 100 de las unidades agrícolas. El tercio restante de esa burguesía rural, el que no posee tierra, está constituido por otro sector de esta clase, el de los administradores de haciendas o de granjas (Barraclough y Domike, 1970, 47-51).

En Chile se produjo un relativo desarrollo industrial en las décadas de 1930 y de 1940, después de la depresión y la gran crisis del capitalismo internacional y, sobre todo, durante la segunda guerra mundial y la inmediata post-guerra. Hubo también un desarrollo urbano paralelo, como igualmente de los grandes centros mineros, con el crecimiento de la clase media y de su poder político y, sobre todo, con el rápido desarrollo de la clase obrera minera e industrial –a costa en gran parte de la migración del campesinado pauperizado. Todo esto agudizó más aún las contradicciones en el agro. De país exportador de alimentos que fuera Chile en el siglo pasado y comienzos del actual, se convirtió, a mediados de este siglo, en un país importador de alimentos y de productos agrarios. La estructura latifundista del sistema de la hacienda, se demostró más ineficaz aún. Por primera vez la oposición del campesinado se manifestó, no ya sólo en la aparición de actos rebeldes o levantamientos aislados y descoordinados, sino que ahora en organización, como fueron los primeros sindicatos agrícolas que se constituyeron –especialmente en la zona central– durante esas dos décadas. Estos todavía fueron pocos y solamente semi-legales, pues la famosa ley de sindicalización campesina de 1924 quedó, prácticamente, inoperante debido a la obstrucción parlamentaria de los representantes de la oligarquía terrateniente. Estos consiguieron, incluso, presionar a los gobiernos democráticos progresistas del Frente Popular, de la década de 1938-48 encabezados por presidentes de partidos representantes de la clase media, como el Partido Radical, aunque apoyados por los trabajadores. Tanto el presidente Pedro Aguirre Cerda, en 1939, como Gabriel González Videla, en 1946, emitieron y mantuvieron un Decreto que obstaculizaba la ejecución de dicha ley (Affonso, 1971, 8, 10).

De todas maneras, los sindicatos campesinos y la organización de la clase campesina creció, aunque débilmente todavía, ayudada por los sindicatos de mineros y de obreros industriales (Petras y Zeitlin, 1968, 235). Este movimiento sindical campesino, se desarrolló, más que nada, en la zona central y de preferencia entre los trabajadores agrícolas asalariados de las grandes Viñas (Petras y Zeitlin, 1970, 503). En la década de 1950 creció un movimiento huelguístico campesino de cierta importancia, con la ayuda decidida ahora de los partidos políticos de la clase obrera, el Comunista y el Socialista y partidos progresistas de la clase media, como ser la Democracia Cristiana. Como resultado de eso se pasó a un nuevo nivel de organización de los campesinos, ya de corte netamente clasista, cual fue la formación de federaciones campesinas. Esta vez el movimiento abarcó también a los campesinos de la zona sur, incluyendo a los indígenas. Así los diversos sectores campesinos comenzaron a organizarse, con la ayuda de los partidos políticos urbanos de centro y de izquierda, logrando zafarse de la tutela política de los patrones de los fundos. Importantes sectores campesinos del proletariado rural y minifundistas, incluyendo ya a sectores indígenas, fueron organizados en federaciones campesinas, especialmente con el apoyo de los partidos obreros. Otros importantes sectores campesinos, de preferencia de los pequeños propietarios y de inquilinos de fundos, fueron organizados en federaciones campesinas cristianas, bajo el patronato del partido Demócrata Cristiano. Naturalmente, la diferenciación política de estos estratos no es claramente definida, pero demuestra, sin embargo, esa tendencia. Tampoco eran, todavía, verdaderos movimientos de masas que pudieran movilizar a gran parte del campesinado; pero, con todas sus deficiencias e inseguridades, constituyeron un gran comienzo en la organización clasista del campesinado y, por tanto, en el surgimiento y desarrollo de su conciencia de clases.

La primera organización clasista de los campesinos fue la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, fundada en 1935, en Santiago, con el apoyo de la organización sindical obrera chilena. En 1939, durante el comienzo del Gobierno del Frente Popular, el primer Congreso Campesino, con asistencia de 300 delegados de todo el país, fue organizado por dicha Liga (Affonso, 1971, 8). De allí surgió la Federación Nacional Campesina. Por esa misma época la propia organización sindical obrera chilena o CTCH (Confederación de Trabajadores de Chile), constituyó la Unión Provincial de Sindicatos Agrícolas de Santiago, integrada por casi 40 sindicatos. En ese tiempo se formó también la primera organización cristiana de campesinos, llamada Unión de Campesinos, que operó hasta 1941, con inquilinos de 12 haciendas y que tuvo que ser disuelta por la iglesia debido a la presión de los patrones católicos.

En 1944 se formó otra organización cristiana campesina, la Asociación Nacional de Agricultores de Chile, que agrupaba a los pequeños propietarios, arrendatarios, medieros, comuneros y ocupantes de tierras (Affonso, Id., 9).

En 1946, en el 2º Congreso Campesino de la Federación Nacional Campesina, llamada ahora Federación Industrial (3) de Trabajadores Agrícolas, apoyada por la CTCH, se planteó, por primera vez de una manera formal por organizaciones campesinas, el problema de la Reforma Agraria. En el año siguiente se realizó una gran marcha de campesinos en Santiago y también el tercer Congreso Campesino.

Los años restantes del Gobierno de González Videla, de 1948 a 1952, fueron de represión contra el movimiento obrero y sindicalista en general. Pero en el período del Gobierno populista del General Ibáñez, de 1952 a 1958, volvieron con nuevos bríos el movimiento sindicalista campesino y las organizaciones campesinas. En 1952 se formó la Federación Sindical Cristiana de la Tierra, que realizó su primer congreso al año siguiente y organizó una serie de huelgas campesinas.

En este período aparecen también por primera vez las organizaciones de campesinos indígenas. Así, a fines de 1953 en la ciudad de Temuco, la “capilar de la Araucanía, se realizó el primer Congreso Nacional Mapuche Indígena de Chile. A diferencia de los otros congresos campesinos, éste resolvió, como tarea central, luchar por la devolución de las tierras usurpadas a las comunidades indígenas y por la creación de una federación campesina Mapuche.

Desde mediados de la década de 1950 hasta mediados de la de 1960, la que es una década de gran movilización de las masas campesinas e indígenas, y en que los movimientos de campesinos cristianos tienen un gran auge, se constituyeron dos grandes federaciones cristianas y una más pequeña. Se trata de las siguientes:

1) La Unión de Campesinos Cristianos (UCC); 2) la Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas (ANOC) y 3) el Movimiento Campesino Independiente, las que se coordinaron después en la Confederación Nacional Campesina. El movimiento campesino cristiano presentó ahora, como una de sus aspiraciones principales, la Reforma Agraria y elaboró un detallado programa al respecto. Este movimiento campesino cristiano fue ayudado, empujado y tutelado por el Partido Demócrata Cristiano y los campesinos jugaron un papel de cierta importancia en el triunfo electoral del abanderado de dicho partido, el que saliera electo como Presidente de la República en 1964, el Presidente Frei.

Por su parte, los partidos obreros. Socialista y Comunista (especialmente este último), a través de la Confederación General de Trabajadores por ellos controlada, continuaron ayudando a organizar a los sectores más pobres del campesinado, incluyendo a los indígenas. Lograron, finalmente, que se confederaran las cuatro organizaciones campesinas que apoyaban, en una Federación Nacional Campesina e Indígena. Esta unificó, entonces, a la antigua Federación Industrial de Trabajadores Agrícolas, la Asociación Nacional de Agricultores, la Asociación Nacional Indígena de Chile y el Frente de Trabajadores de la Tierra. Esta federación apoyó al candidato presidencial del FRAP (Frente de Acción Popular), el doctor Salvador Allende, quien fuera derrotado por Frei en esas elecciones de 1964. Dicha Federación campesina también promovió, como plataforma principal de lucha, un programa de Reforma Agraria.

A mediados de la década de 1960 y final de ese período que indicamos, el ascenso de la lucha de masas y de la organización de la clase campesina era impresionante. Fue, indudablemente, el inicio del movimiento de masas campesino y el aparecimiento de una conciencia clasista en ellos que los empujaba a posiciones claras y definidas en defensa de su clase y en contra de la clase terrateniente. Esto se plasmó fundamentalmente en la lucha por la Reforma Agraria y en una acción política para su logro. La creciente politización de importantes sectores del campesinado indica claramente la presencia de dicha conciencia clasista. Es verdad que en el caso chileno –a diferencia de la Revolución Mexicana de las décadas de 1910 y de 1930 y de la Revolución Boliviana, de la década de 1950, las que fueron fundamentalmente agrarias– la concientización campesina y su organización política y clasista, no habría sido posible sin la ayuda e intervención de los partidos urbanos de la pequeña y mediana burguesía y de la clase obrera.

La última década de la historia social de Chile, de 1964 a 1974, fue turbulenta y logró cristalizar por primera vez en la historia de Chile un movimiento de masas campesino y su organización sindical y política (4). Pero, lo que es más, esa década trajo grandes cambios revolucionarios que modificaron profundamente la estructura socioeconómica del país y afectaron fundamentalmente al campesinado nacional. Se inició esa época con el Gobierno populista del Presidente Freí de 1964 a 1970 y continuó con el Gobierno socialista del Presidente Allende hasta fines de 1973, en que fue bruscamente interrumpida y truncada por un golpe militar de derecha. Entre todos los grandes cambios que esa década produjo, dos son de un carácter más bien permanente y difícilmente el nuevo gobierno militar, por reaccionario que sea, pueda hacer volver atrás. Ellos son, la nacionalización de las grandes minas, especialmente del cobre, y la Reforma Agraria. Sobre todo esta última produjo, como resultado prácticamente irreversible, la destrucción del sistema de la hacienda. Obviamente que con el golpe militar resurgió un neo-latifundismo, pero de carácter diferente a la antigua y gran hacienda. Aunque será una : empresa agraria, es más de carácter capitalista basada sobre el trabajo asalariado, que sobre el sistema del inquilinaje. Otro hecho social en el agro y también de carácter irreversible, resultado de esa década, fue el aparecimiento, por primera vez, de una conciencia clasista en gran parte del campesinado, conciencia que no podrá ser destruida tan fácilmente, ni aun con la represión desencadenada.

En el caso de los indígenas Mapuches, iodo ese proceso social de las últimas tres o cuatro décadas logró, más que cualquier otra cosa, integrarlos en las luchas sociales del campesinado nacional. En el desarrollo de su conciencia social se nota el aparecimiento, tanto de una conciencia clasista campesina, como de una conciencia étnica indígena. Aunque los Mapuches lucharon también por la sindicalización campesina y se incorporaron a las organizaciones campesinas existentes, intentaron formar sus propias organizaciones indígenas, creando comités locales, federaciones regionales y hasta una confederación nacional. Lucharon también por la Reforma Agraria, junto con los inquilinos, asalariados rurales, pequeños propietarios, etc., pero, a la vez, su lucha por la tierra adquirió un carácter específico que se manifestó en la proliferación de movimientos por “tomas” de tierras de los latifundios o aun de los medianos y pequeños propietarios, con el objeto de recuperar sus antiguas tierras usurpadas por el latifundio. En las últimas dos décadas, los Mapuches realizaron igualmente varias conferencias regionales y seminarios y un par de congresos nacionales donde, además de plantear como plataforma de lucha su aspiración particular para la devolución de sus tierras y apoyar también las reivindicaciones generales del campesinado, plantearon aspiraciones propias en el sentido étnico y cultural.

Podemos concluir que el auge del movimiento social campesino en las últimas cuatro o cinco décadas y, especialmente, en la última década, permitió el desarrollo creciente de una conciencia social y clasista, también del campesinado indígena. Pero, a la vez que este fenómeno integró más al Mapuche dentro de su clase, no suprimió, sino que por el contrario incrementó el desarrollo paralelo de su conciencia étnica. En qué grado, ya sea conflictivo o de armonía, se combinarán esos dos procesos en el futuro es difícil vaticinarlo. Pero un hecho es claro: conciencia clasista y conciencia étnica no son necesariamente excluyentes, sino más bien parece que, cuando existen ambas, su destino es combinarse.

Naturalmente que toda conciencia social y, especialmente, la conciencia clasista no es un estado o nivel absoluto y estático, sino, por el contrario, es un proceso dinámico que depende de las condiciones concretas de la lucha de clases en una sociedad dada. Es obvio que en Chile, después del gobierno militar, dicho proceso tuvo un retroceso importante, pero, al mismo tiempo, la década anterior logró completar un primer nivel de ese proceso que es cualitativamente irreversible, cual es, haber alcanzado la fase inicial de una conciencia clasista. Esto equivale a decir que el campesinado chileno, por lo menos las capas más pobres y explotadas, entraron en la etapa de conversión de una “clase en sí” a una “clase para si”.

La Contra Reforma Agraria en Chile y las Comunidades Indígenas

Con el Golpe Militar de septiembre de 1973 y la muerte del Presidente Allende, el proceso radical de cambios estructurales promovido por el movimiento de la Unidad Popular y que era un desarrollo transicional hacia una sociedad socialista, llegó a su fin. Una Junta Militar se instaló en el poder, disolviendo el Parlamento, suprimiendo y prohibiendo los partidos políticos y suspendiendo indefinidamente las libertades democráticas. La represión contra el movimiento popular y todos los grupos y personas progresistas escaló en forma impresionante. Todas las estructuras y mecanismos de poder popular, como ser, los partidos, la CUT (Central Unica de Trabajadores), los Cordones Industriales, las JAP (Juntas de Abastecimientos y Precios), los movimientos estudiantiles, los consejos comunales campesinos, etc., fueron inmediatamente suprimidos y destruidos y los sindicatos locales, aunque no desmantelados, fueron privados de todo verdadero poder.

Esta secuela reaccionaria y represiva del Golpe, afectó también a los campesinos, incluidos los Mapuches. Aquellos que estuvieron más envueltos en el proceso, tales como líderes sindicales, activistas políticos o de los consejos comunales campesinos y de las asociaciones Mapuches, como también los numerosos indígenas que tuvieron participación activa en las “tomas” de tierra, fueron obviamente los más afectados. ¿Cuántos de esos Mapuches fueron muertos, encarcelados y torturados? Es imposible saberlo, pero debemos de calcular varios miles. No sólo sufrieron aquéllos, más o menos, envueltos en el proceso, sino que la mayoría de la población Mapuche fue afectada por la reacción y por el nuevo proceso, que se gestaba, de una Contra-Reforma Agraria. El nuevo Gobierno detuvo inmediatamente el proceso de reforma agraria. Ninguna nueva expropiación de fundos o invasiones de terrenos fueron aceptadas y aunque mantuvieron la mayoría de las instituciones relacionadas con el anterior programa de reforma agraria, tales como CORA, INDAP, SAG, BECH, etc., fue sólo con el propósito de mantener y controlar las áreas reformadas ya existentes, pero sin iniciar ninguna nueva. Cerca de 80.000 campesinos habían sido ya beneficiados por la Reforma Agraria, la mayoría de los cuales seguían viviendo aún en los Asentamientos. Por tanto, técnicamente hablando, habría sido imposible destruir lo que ya se había hecho. Sin embargo, iniciaron un proceso de devolución de cientos de fundos (a los anteriores terratenientes), los que aún no habían sido expropiados legalmente por CORA. Por otro lado, empezaron a asignar pequeñas parcelas de tierra a una lista de alrededor de 10.000 campesinos, de los que vivían en los Asentamientos, con el objeto de desencadenar un proceso de cambio de la forma de tenencia de tierra de los Asentamientos de las áreas reformadas a la de pequeñas propiedades campesinas. Al mismo tiempo pasaron un decreto estableciendo la libre empresa, no sólo en las áreas industriales y urbanas, sino que también en las zonas rurales, dejando claro que cualquiera podía vender o comprar propiedad agraria. Si esto no es todavía una clara contra reforma es, por lo menos, el comienzo de un proceso que conducirá hacia ella. No hay duda de que dicho proceso está ya afectando, no sólo a los campesinos en general, sino que especialmente a los campesinos indígenas. En un sentido negativo empezaron a perder otra vez importantes cantidades de tierra a través de las devoluciones obligadas a los terratenientes. Si estas medidas de contra-reforma agraria continúan, no habrá duda que en un corto período de tiempo un sistema de neo-latifundio se desarrollará en las áreas rurales del país, como también que el minifundio se multiplicará, con todas las consecuencias de pobreza y miseria que esto significa. Si agregamos a eso las nuevas cargas impuestas –en especial a las masas populares chilenas– como ser, el desempleo creciente y el brusco descenso de los ingresos reales del pueblo, con su secuela de pobreza y hambre, podemos suponer que los campesinos e indígenas están volviendo a una situación como la que tenían hace unos cuarenta años, en los comienzos de la década de 1930, uno de los peores períodos en la historia agraria de Chile (Winn, 1974; Collarte, 1974; Feder, 1970).

Existen también otras variables que es necesario considerar, con el objeto de imaginarse cómo podría desarrollarse el proceso. En primer lugar, en ese extraordinario período de poco más de una década, de un constante y creciente proceso de reforma agraria, el antiguo sistema de la hacienda fue casi completamente destruido. Es difícil imaginar que podría restaurarse tal como fue. No existe duda, sin embargo, que el campo está entrando en un proceso de contrarreforma agraria que está llevando a un sistema neo-latifundista con su contrapartida mini-fundista. Estos latifundios serán formados preferentemente como conjuntos de fundos medianos bajo el control de familias terratenientes o de empresas, que operarán en una forma más capitalista, con muy pocos inquilinos y más trabajadores rurales asalariados, incrementando, por tanto, el proletariado rural. Esto, más la solidaridad clasista ganada antes, durante el proceso de Reforma Agraria hará de los campesinos un grupo mucho más despierto socialmente y de mayor conciencia de clase. Por eso debemos suponer que en relación a los Mapuches, tanto su conciencia étnica como clasista no disminuirán, sino que, probablemente se reforzarán. También es necesario suponer que su cultura se desarrollará otra vez hacia una cultura de resistencia, contra la discriminación racial y la explotación social.

Este proceso de reversión social en el agro chileno que hemos indicado arriba, a pesar de ser incompleto y estar lleno de contradicciones, ha logrado, más o menos, cristalizarse formalmente y legalmente al cumplirse el sexto año de este Gobierno Militar que fue, justamente, el que lo implantó. Esto se expresa claramente en la abolición y modificación, tanto de la Ley de Reforma Agraria de 1967 y de la Corporación de Reforma Agraria, como de la Ley de Indígenas de 1972 y del Instituto de Desarrollo Indígena, que hemos comentado a comienzos de este artículo.

El pueblo Araucano y especialmente los Mapuches han sufrido muchas derrotas, pero no han sido nunca totalmente aplastados o destruidos y se alzarán nuevamente en el futuro cuando el país cambie otra vez hacia una sociedad más justa y digna.


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Notas:

1. Este asume las funciones legales del disuelto Instituto de Desarrollo Indígena.

2. Esta cifra incluye a los “minifundistas” de las comunidades indígenas.

3. Se agregó la palabra industrial, porque en la ley de sindicalización del año 1924, todavía vigente, se hacía referencia sólo a trabajadores industriales.

4. En 1970 había más de 100.000 campesinos organizados en las tres Federaciones existentes.

 

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