La democracia pura se inventó en el campo

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La Nueva España (23/03/2015)

Marcos Palicio

“Ritrete públicu. Despós d´usalo, déxalo a xeito”. El ruego está escrito en una tabla, en el dintel de la puerta de un urinario rudimentario que se conserva junto a la iglesia de San Martín del Valledor, en Allande. Sin una explicación precisa no es posible descubrir por qué este retrete antiquísimo guarda una parte de la historia remota de la democracia asamblearia en Asturias. Porque aunque no lo parezca, el baño es vestigio y fe de vida del concejo abierto, una señal de que justo aquí, alrededor del tejo y en el atrio del templo, se resolvían todos los asuntos administrativos del pueblo discutiendo, votando, haciendo caso a las mayorías en reuniones de vecinos, en cónclaves “que tenían tanto predicamento en la sociedad que en el Valledor incluso se construyó expresamente para ellos un ´aveirigo´, un cobertizo donde atar las caballerizas y celebrar la junta cuando llovía, y a su lado, como se presumía que las asambleas iban a ser largas, este aseo de uso público”.

Ignacio Arias, letrado de la Junta General del Principado y estudioso del derecho consuetudinario asturiano, ha ido a buscar la imagen a Allande, pero hay indicios de vida democrática rural por todas las esquinas de la región. Este régimen de toma de decisiones podría encajar perfectamente en la definición que hoy ofrecen de sí mismos los círculos de Podemos –”un lugar de construcción de unidad popular que se conforma a partir de la toma conjunta de decisiones”–, pero esto aquí no es de ahora, “hace muchísimos años años que está inventado” y de su vigencia, limitada, que sigue teniendo en la segunda década del siglo XXI dará fe el secretario de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (Fapar), José Manuel García.

El “aveirigo da plaza” no aguantó el pavoroso incendio que asoló el Valledor en 2011, pero el aseo público todavía sigue aquí. La democracia asamblearia rural, también. El conceyu abiertu resiste. Existe. Todavía se practica hoy, a pequeña escala y menos de lo que algunos querrían, como esa figura persistente que remite a la expresión más pura del poder del pueblo y a la recuperación, dice Arias, “de la democracia por excelencia”. El reconocimiento jurídico de su existencia está en el artículo 14.2 de la ley que regula el funcionamiento de las parroquias rurales, en el precepto que reserva el concejo abierto como régimen de toma de decisiones para aquellas entidades locales menores de población inferior a los cien habitantes que “lo soliciten expresamente”. Y “son muchas las que lo solicitan”, afirma Arias, y muchas las que practican esta forma de democracia, le sigue José Manuel García. Éstas tienen, como las demás, una “junta de parroquia”, un órgano colegiado y un presidente elegido por sufragio, pero allí “las decisiones no las toma la junta, se adoptan en concejo abierto por mayoría de dos tercios” de los asistentes a una asamblea a la que están convocados todos los vecinos de la demarcación.

Se resuelve así todo lo que cae dentro del ámbito de competencia de la parroquia rural. Se delimita con arreglo a este procedimiento la gestión del patrimonio propiedad de la parroquia, las cortas de madera que se hacen en los montes propios, las obras que se pueden hacer en el pueblo o, si la demarcación gestiona su agua, qué cuotas han de pagar los vecinos por el servicio. En esos casos específicos el resultado es ley, “tiene valor jurídico, porque no hay otra forma de tomar las decisiones”, remarca García. De las 39 parroquias rurales constituidas en Asturias, diecisiete tienen menos de cien habitantes, pero la federación que las agrupa quiere más. “Queremos cambiar la ley”, afirma el secretario, “para que todas funcionen en concejo abierto y adopten la forma más democrática de decidir”. Ya ahora, por vocación, “aunque no sea obligatorio, todas convocan a los vecinos una o dos veces al año para darles cuenta de los asuntos importantes y pedirles opinión”.

No es ya delante de la iglesia en torno al tejo, ni necesariamente los domingos después de misa para dilucidar los asuntos de los hombres después de ponerse a bien con Dios, pero la democracia pura mantiene sus pequeños reductos en el medio rural asturiano y quiere más. En Álava, se gobiernan así las 425 entidades menores de la provincia; en Asturias, durante el trámite parlamentario de la ley que regula las parroquias, se justificó el límite de los cien habitantes por ser éste el que establecía la legislación del Estado.

El conceyu ha llegado hasta aquí después de hincar sus raíces en la antigua Grecia. Ignacio Arias, que organiza “módulos de campo” sobre el derecho consuetudinario asturiano que incluyen recreaciones de concejos abiertos, retrata esta asamblea ciudadana como el método tradicional de organización de la parroquia rural y ésta, siguiendo al Estatuto de Autonomía de Asturias, como “la forma tradicional de convivencia y asentamiento de la población asturiana”. Es una institución medieval que “remite a la democracia griega”, remata, “a las reuniones de ciudadanos en el ágora para decidir todos los asuntos principales”.

De vuelta en Asturias, Manuel Niembro habla con la doble autoridad en la materia que da haber estudiado Derecho y haber decidido quedarse en el pueblo. Empresario de actividades turísticas en Asiegu (Cabrales), se declara “totalmente partidario” de la expansión del modelo. “Estamos demasiado acostumbrados”, afirma, “a esta democracia representativa en la que el representante puede prometer lo que sea porque no tiene obligación de cumplirlo, porque el incumplimiento no tiene consecuencias”, y en este punto el modelo participativo del concejo abierto se le aparece como un saludable ejemplo a seguir. “Es una forma de intervención de los vecinos en la toma de decisiones que deberíamos recuperar”, asegura. Él no ha olvidado las asambleas de su infancia en Asiegu, que “estaban organizadas políticamente, con sus cargos propios –el alcalde, el capataz de caminos, los celadores–” y que dentro de ellas se instituían “comisiones para atender determinadas labores. El nombre de la comisión de fiestas viene de ahí, de un grupo de vecinos que se comisionaba para esa función”.

Puestos a recuperar, Niembro ampliaría el rescate de los viejos hábitos a otras figuras tradicionales del derecho consuetudinario asturiano y mencionará la sextaferia, “las labores comunales, la obligación de prestación de trabajos para la comunidad. Legalmente no debe de ser posible que fueran obligatorias, pero era lo que mantenía las infraestructuras de los pueblos en buen estado y sería interesante poder incentivar a la gente para que recuperase estas prácticas que son las que hacen que un pueblo merezca ser llamado ejemplar”. Porque los pueblos, concluye, no son grupos de casas bien cuidadas, sino “un cuerpo social bien organizado con una unidad, una vinculación, un compromiso”.

Ahí vuelve el concejo abierto, que también era el título de un cortometraje documental, dirigido por la gijonesa Carmen Comadrán, que ganó el premio “Día d´Asturies” en el Festival de Cine de Gijón de 2012 y en el que uno de los participantes resumía todo esto en la certeza de que conviene ampliar este modelo de organización en la que “todos los vecinos del pueblo son concejales del ayuntamiento”. Alguien en Allande podría decir también que el conceyu hace falta para mantener la democracia “a xeito”.

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